Google, el gran «pirata»

martes, 7 de mayo de 2013

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En 2002, Google comenzó a escanear los fondos de cinco grandes bibliotecas de Estados Unidos. En pocos años, la empresa informática había digitalizado 10 millones de libros, 6 de ellos protegidos por derechos de autor. Una de las primeras bibliotecas en facilitar sus títulos fue la de la Universidad de Harvard. La idea de conseguir aunar todo el conocimiento humano y hacerlo accesible a escala universal gratuitamente (ya planteada en 1937 por el escritor H. G. Wells en la colección de ensayos «World Brain») sedujo a los responsables de los mayores fondos bibliográficos del mundo. Creían estar al frente de una revolución cultural sólo comparable a la de la invención de la imprenta.

Sin embargo, pronto surgieron las primeras suspicacias acerca del proyecto. En primer lugar se dudó de su carácter altruista, al tratarse de una gran corporación la que ofrecía sus servicios tecnológicos gratuitamente. En segundo lugar, y el que más controversia ha creado, es el hecho de que buena parte de estos libros todavía estaban sujetos a derechos de autor. Por último, y tras un primer acuerdo entre los autores y el gigante informático, no existía ningún compromiso por parte de éste para garantizar la privacidad de los usuarios de este servicio. Lo que comenzó como el gran proyecto humanista más importante del último siglo (probablemente, el más utópico también) terminó en enfrentamientos judiciales que todavía continúan en activo.

Del acuerdo a los tribunales
El naufragio del proyecto de la empresa informática denominado Google Library Project es el tema de «Google and the World Brain», un largometraje documental dirigido por Ben Lewis que se presentó ayer en el festival Documenta Madrid –se podrá ver también mañana en la Cineteca–. Rodado en EE UU, China, Japón, Alemania, México, Francia, España y el Reino Unido, la cinta repasa los hitos de este desencuentro entre los autores y Google. «Se trata de un proyecto brillante; hubiera sido fantástico, de hecho, si Google hubiera tenido en cuenta los derechos de autor. Pero no ha sido así. Ha actuado de forma totalmente ilegal», asegura el realizador, que defiende que «el nuevo modelo económico estará basado en la tecnología pero, al mismo tiempo, debe ser sostenible. Lo que ha hecho Google tiene algo de "pirata" porque subir libros a internet sin permiso del dueño de los derechos lo es», añadió.

Tras el entusiasmo inicial, cinco editores norteamericanas y el gremio de autores de EE UU demandaron a Google, que accedió a negociar con los autores. Llegaron a un acuerdo en 2008: pagarían 125 millones de dólares destinados a un fondo para el proyecto, a los autores y tasas legales. Pronto el acuerdo quedó invalidado por el juez Denny Chin porque, entre otras cosas, el pago de esta cantidad le permitía a Google convertirse en los únicos posibles vendedores de los denominados en inglés «orphans» («huérfanos», término aplicado a los libros descatalogados). Éste fue precisamente uno de los argumentos esgrimidos por la Federación de Gremios de Editores de España ante dicho juez cuando los principales países europeos decidieron presentar sus alegaciones al acuerdo tras comprobar que no sólo había autores americanos afectados. La presión internacional se elevó a las más altas esferas institucionales y los jefes de Estado se unieron a su reivindicación: «En la digitalización de libros de Google tiene que haber espacio para los derechos de autor. Por eso nos oponemos a ello», sentenció la canciller Angela Merkel. «No permitiremos que una gran corporación nos robe nuestra herencia cultural», fueron las palabras de Nicolas Sarkozy según aparecen en este documental.

España, poco protegida
Uno de los muchos autores españoles afectados por esta digitalización masiva fue Lorenzo Silva, quien cree que «en los casos de obras de dominio público, el proyecto es maravilloso. La diferencia sustancial surge con toda aquella creación en la que los derechos de autor están protegidos. No conozco el caso de ningún país en el que los hayan obviado», explica el escritor, que cuenta que su novela «La sustancia interior» está en Google Books mientras que nunca cedió sus derechos digitales. «Tengo cosas mejores que hacer que demandar a Google. Además, en Francia y Alemania la protección es mucho mayor. Aquí veo lo contrario», asegura Silva, una opinión que comparte el director de «Google and the World Brain», que opina que «la protección de los autores en la actualidad no es suficiente. No creo en perseguir al usuario; lo que hay que hacer es forzar que estos materiales no se suban a internet sin permiso».

Una vez invalidado en marzo de 2011 judicialmente el acuerdo entre el gigante informático (cuya participación fue voluntariamente mínima en la cinta) y los autores, ¿en qué punto se encuentra el proyecto? «Este contencioso lleva 7 años abierto –asegura Cedro, el Centro Español de Derechos Reprográgicos–. En la actualidad es imposible saber qué libros sujetos a derechos están disponibles en la web», añade un portavoz. Por su parte, Google ha firmado acuerdos individuales con muchos editores para reproducir parte de sus libros on-line, mientras continúa el proceso de escaneo de obras de dominio público, pero su proyecto faraónico de librería universal está, en efecto, parado. En la actualidad, sobre el gigante informático pesa una demanda de los autores estadounidenses de más de dos mil millones por daños al haber escaneado libros protegidos.

«Esta cinta muestra cómo internet, además de traernos numerosos beneficios innegables, simultáneamente socava nuestras libertades civiles, derechos humanos y el libre mercado, además de concentrar poder y riqueza en manos de nuevos monopolios sobre los que tenemos poca influencia». Ésta es la tesis expuesta en un documental que apela al espectador a tomar partido en el que Lewis denomina una encrucijada: «Podemos actuar para asegurar que toda la información y conocimiento que nos ofrece internet esté a nuestro servicio, o bien convertirnos en consumidores pasivos y esperar a que dicha información nos controle a nosotros».

Autor: Laura Seoane
Fuente: La Razón
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